¡Qué dejen eso para después!

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Las cosas se hacen cuando se puede, o es debido; en el momento en que lo aconsejan las circunstancias, para que se puedan lograr los propósitos u objetivos planteados. Si las condiciones reinantes presentes poco aportan, ¿para qué llevar a cabo algo entonces?

Evidentemente, son inobservancias esas, que se han venido verificando en este país, acomodadas por supuesto.  Claro, por la necesidad obvia de tener que aparentar las autoridades competentes nuestras,  disposición de actuar, con respeto al  manejo  judicial correspondiente, qué debió haber  estado dándosele, pero que según lo visto, no ha sido así, sino que se aprecian como irregulares las actuaciones relativas, y hasta fingidas en parte, a uno de los casos de corrupción más sonados, tanto a nivel local e internacional de los últimos tiempos, el capitaneado por la empresa constructora brasileña Odebrecht, con visibles tentáculos comprometedores a lo interno aquí. Es advertible que, en ese sentido, ¡se hará casi imposible evadir responsabilidades al respecto en Dominicana!

Ese es un proceso que, más temprano que tarde, deberá ser conocido y examinado a fondo por los tribunales de la República, a los fines de determinar culpabilidad o no de los supuestos encartados, todos, en que se incluyen connotados políticos, y otros personajes allegados a esos, dado cuánto se ha hecho en el exterior por iguales motivos (sobornos, como sobrevaluaciones de obras estatales, según se ha dicho), y las presiones que desde allí seguro vendrán.

Lo que hasta el momento se ha visto en esta nación sobre ese particular, bien se pudiera catalogar como un espectáculo público de mal gusto, matizado con una serie de incidentes, reenvíos, y recusaciones al juez de la instrucción especial designado, Francisco Ortega Polanco, para su conocimiento y demás acciones pertinentes, que no cabe duda, constituyen el armazón de tácticas dilatorias, como estrategia jurídica, orquestada por los abogados representantes de los supuestos acusados que hasta ahora se tienen.

Es obvio que, sus componentes son de las triquiñuelas ideadas por los juristas para alargar los procesos de defensa; dar tiempo al tiempo, hasta que bajen las agua a su nivel lo más posible, y que por lo regular surten su efecto, tal ha venido ocurriendo en el caso de que se trata; pero que, con éste precisamente, están dejando muy serias secuelas negativas, por las permisividades oficiales inherentes.

Que, además, mucho desdicen del Poder Judicial en esta República, debido a la envergadura inherente al mismo, de indudable delicadeza. También, con relación a fortaleza de las normativas legales dispuestas para regir el accionar de esa tan importante instancia estatal, en términos de la administración competente exigible, como la aplicación efectiva que se espera.

Se hizo más patente el combate a la presión social recibida por la Procuraduría General de la República, y lo que vendría después, no a la corrupción denunciada en sí, cuando se produjeron aquellos aparatosos apresamientos mañaneros, con un exhibicionismo policial marcado, tipo película, dizque para dar inicio  a un proceso judicial, y dictar incluso medidas de coerción en contra de los presuntos culpables, como en efecto se hizo al grupo preseleccionado, que luego se fueron diluyendo como el hielo bajo un fuerte sol; solo que en, este caso, el “Astro Rey” lo era el poder político-social regente, al que se tiene siempre que complacer.

¡La verdad es que, nada se ha hecho en realidad!, ni es previsible que se haga por el momento con relación a dicho escándalo. Lo que sí resulta bastante penoso, son los “refajos cobertores” que se han dejado entrever en torno a ese simulado proceso en curso, lo cual viene a empañar más aún la imagen de la “Justicia” en Dominicana, bastante deteriorada ya, y que todo se continúe percibiendo como una flagrante burla más a este pueblo.

¡Qué mejor dejen eso para después!, cabe reiterar, cuando las circunstancias que prevalezcan puedan aportar la fructificación esperada; y que será, obviamente, cuando cambien las estructuras del poder político-social gravitante hoy entre nosotros; para el tiempo en que fiscales y jueces del país, puedan actuar con independencia mental absoluta, y estén en disposición de administrar, como de aplicar una justicia real y efectiva.

 

Autor: Rolando Fernández

 

www.rfcaminemos,wordpress.com

 

 

 

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