Prisión preventiva contra cabecilla de red de trata de personas y explotación sexual

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Asegura es muestra del compromiso asumido por la presente gestión en la lucha contra las actividades del crimen organizado.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró la variación de las medidas de coerción y la declaratoria de complejidad del caso que sigue en contra del imputado Julio César De La Rosa Ávila, presunto cabecilla de una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos producto de esa actividad ilícita.

Acogiendo un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, varió de un mes a un año, la prisión preventiva que le había impuesto la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación al encartado De La Rosa Ávila.

Asimismo, el tribunal dispuso, a solicitud del órgano persecutor, el cambio del Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Haras Nacionales al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís para el cumplimiento de la prisión y declaró el caso complejo.

La institución recordó que De La Rosa Ávila fue apresado junto a su pareja María Cristina Ortiz el pasado 21 de marzo, durante varios allanamientos ejecutados mediante orden judicial por miembros del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, tras la clausura del establecimiento “El Ejecutivo Café Bar o Toldito Rojo”, localizado en el sector Alma Rosa, donde fueron rescatadas 20 mujeres víctimas de la referida actividad ilícita.

Luego del arresto de la pareja, señala el Ministerio Público, ambos fueron sometidos a la justicia, imponiéndole la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente a De La Rosa Ávila un mes de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Haras Nacionales, mientras que a su pareja María Cristina Ortiz le impuso presentación periódica ante el fiscal a cargo del caso.

En relación a María Cristina Ortiz, se informó que se le dejó sin variación la medida que le había sido impuesta en virtud de que dicha imputada es madre de un niño que padece de una enfermedad grave, para que así pueda continuar encargándose de sus atenciones médicas.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Santo Domingo Este en este caso establecen que en El Ejecutivo Café Bar o Toldito Rojo se reclutaban mujeres, principalmente dominicanas y venezolanas, para ofertar servicios sexuales, las cuales presuntamente eran sometidas a 15 horas de trabajo corrido (3:00 p.m. a 6:00 a.m.) del día siguiente.

La información destaca que las autoridades iniciaron un seguimiento a las operaciones ilícitas de la pareja el 21 de noviembre de 2018, luego de recibir la denuncia del caso, aunque según investigaciones el establecimiento llevaba más de una década funcionando en el lugar.

Detalla que el mismo día del allanamiento del bar, en operación conjunta, las autoridades del Ministerio Público y la Policía realizaron acciones similares en el apartamento tipo penthouse donde residía la pareja, ubicado en la urbanización Mirador Norte, D.N., además de que allanaron un apartamento en la localidad de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís.

En el apartamento de la urbanización Mirador Norte, D.N., fueron ocupados en el interior del closet de la habitación principal, en cajas de zapatos, la suma de RD$ 2,931,000.00, USD$52,865.00 y una pistola., detalla el expediente.

Explica que en este caso se han inmovilizados productos financieros a nombre de la pareja en diferentes entidades bancarias, que superan los RD$54 millones y se han ocupado bienes muebles e inmuebles valorados en más de RD$20 millones de pesos.

El Ministerio Publico durante la audiencia presentó suficientes evidencias que vinculan a la pareja con las mencionadas actividades ilícitas, tipificadas en los artículos 265, 266, y 334 del Código Penal Dominicano, la Ley no. 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como a la Ley no. 631-16 sobre Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Se destaca que con la variación de la medida de coerción a solicitud del Ministerio Público, esta institución del sistema de justicia sigue demostrando su esfuerzo y compromiso con lucha contra esa actividad ilegal en el país.

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