Más de dos mil ciudadanos firman manifiesto cuestiona C.N.M. y exige justicia independiente

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SANTIAGO.- Más de dos mil personas firmaron el Manifiesto de Santiago que exhorta a la movilización ciudadana y exige una justicia independiente a partir del proceso de evaluación y selección de candidatos para las llamadas altas cortes, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

A través del Manifiesto se cuestiona la composición del CNM por desequilibrada y sospechosa que impide lograr una justicia verdaderamente independiente por su subordinación presupuestaria y el control político del organismo fiscalizador del uso correcto de los fondos públicos, como es la Cámara de Cuentas.

El manifiesto fue dado a conocer en una rueda de prensa organizada por el movimiento ciudadano Transición Democrática, en el local de la Asociación de Abogados de Santiago, en la que sirvió de vocero ante los medios, el jurista Mario Fernández, quien resaltó la importancia de la movilización ciudadana por una justicia independiente como reclamo de proyección nacional.

“La sociedad dominicana ha visto con estupor la inicua realidad de los delitos sin consecuencias que ejerce una casta privilegiada desde el Estado, bajo el respaldo de un complejo entramado que valida la impunidad, lesionando los valores democráticos, transgrediendo la institucionalidad y adversando a todo un pueblo”, expresa en su introducción la proclama.

Es por ese motivo -explican- “que desde la ciudad de Santiago requerimos un cambio hacia la real independencia de los poderes del Estado y cuestionamos la legitimidad de la actual composición del CNM el cual contiene una correlación de fuerzas en la que seis de sus ocho miembros responden al presidente de la República y al partido que él representa”.

El documento plantea que la necesaria reingeniería del CNM comience con su reestructuración, para que se configure un equilibrio en la selección de más jueces de carrera, técnicos, decanos de facultades de derecho y ciudadanos escogidos entre candidatos idóneos, “quitando así el control hegemónico del Ejecutivo y la política partidaria” del organismo que debe estructurarlo.

Citan la frase de Montesquieu “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, como sinónimo del espíritu de su denuncia y llamado de atención para ejercer una ciudadanía responsable capaz de exigir el estado de derecho con tribunales independientes y revertir “la dictadura de impunidad” con estrategia, movilizaciones, denuncias y fe.

Sobre el rol del procurador general de la República afirman que sirve de instrumento para canalizar o retener los intentos de sancionar la corrupción oficial y “para perseguir la oposición”, mientras de la Cámara de Cuentas destaca que sus acciones son para “controlar o manipular a los contrarios y sus informes no tienen consecuencias”, además de depender del control político del Senado.

MANIFIESTO DE SANTIAGO: MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE

Ciudadanos y ciudadanas de la República: La sociedad dominicana ha visto con estupor la inicua realidad de los delitos sin consecuencias que ejerce una casta privilegiada desde el Estado, bajo el respaldo de un complejo entramado que valida la impunidad, lesionando los valores democráticos, transgrediendo la institucionalidad y adversando a todo un pueblo. “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, una frase eterna de Montesquieu que recoge el espíritu de nuestra proclama, que es a la vez una denuncia y un llamado de atención a la ciudadanía. La justicia dominicana no puede ser considerada verdaderamente independiente. No lo será mientras exista una desequilibrada y sospechosa composición del Consejo Nacional de la Magistratura, y se tenga una Procuraduría General de la República como dependencia del Poder Ejecutivo. No puede serlo, mientras exista una subordinación presupuestaria del Poder Judicial a otros Poderes del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo. La justicia dominicana no podrá ser verdaderamente independiente mientras el organismo que controla el uso correcto de los fondos públicos -la Cámara de Cuentas- se encuentre en manos de políticos y parientes. Es por este motivo que desde la ciudad de Santiago requerimos un cambio hacia la real independencia de los poderes del Estado y cuestionamos la legitimidad de la actual composición del CNM, el cual contiene una correlación de fuerzas en la que 6 de sus 8 miembros responden al presidente de la República y al partido que él representa.

Por consiguiente, la selección que resulta de ahí tiene como factor determinante la decisión de un grupo político específico que usualmente ha utilizado esa estructura para insertar correligionarios y agentes comprometidos con el régimen y, de esta manera, garantizar impunidad de los funcionarios y socios corruptos del poder e impedir una verdadera justicia. De acuerdo con la ley, un 75% de los jueces serán escogidos entre los que han sido formados en la Carrera Judicial, sin embargo un 25% pueden ser juristas y técnicos, que no son jueces de carrera, los cuales habitualmente son seleccionados dentro de la parcela política del partido que controla el organismo. Abogamos para que la reingeniería del Poder Judicial comience con la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, incorporando más jueces de carrera, técnicos, decanos de las facultades de derecho de las universidades e incluso ciudadanos que fueren escogidos con ese propósito, entre candidatos idóneos, quitando así el control hegemónico del Ejecutivo y la política partidaria del organismo que debe estructurar ese Poder del Estado. La Procuraduría General de la República, como dependencia del Poder Ejecutivo, tiene otros factores que favorecen el sistema de impunidad. Un subalterno político del presidente de la República va a la posición a servir de instrumento para canalizar o retener cualquier intento de formular un expediente viable o exitoso y para perseguir a la oposición. Un expediente malo no lo arreglan ni los jueces buenos.

En la práctica hemos sido testigos de las debilidades y exclusiones que se han realizado en los expedientes relativos a los procesos seguidos contra algunos funcionarios, ex funcionarios, legisladores, ex legisladores, empresarios, cabilderos, socios y testaferros, los cuales, precisamente por esas mismas razones, terminan en archivos de expedientes, autos de no ha lugar y #LavadosJudiciales

La auditoría del Estado a cargo de la Cámara de Cuentas constituye otro instrumento al servicio del poder político, sus acciones sólo tienen efectividad para controlar o manipular a los contrarios. Sus informes no tienen consecuencias y sus acciones dependen de los recursos que en ocasiones no tiene. Este organismo es conformado por decisión del Senado de la República, el cual está compuesto de manera abrumadora por representantes del partido de gobierno y selecciona, en lugar de técnicos calificados, miembros y allegados de dicho partido, en franca violación a las disposiciones de la Ley 194-04. El artículo 3 de la Ley 194-04 señala que los presupuestos del Poder Judicial y el Ministerio Público serán de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos del Estado, un 65% para el primero y un 35% para el segundo. Mientras, el artículo 6 indica la condición bajo la cual podría ser modificado el porcentaje que debe ser destinado al presupuesto del Poder Judicial, que debe ser de un 2.66% del Fondo General, según señala el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), en un análisis sobre los presupuestos de la Justicia entre 2004 y 2016. Estos parámetros terminan en una ejecución real de 1.66% y todos los años se asigna al Poder Judicial el 50% de lo que el mismo ha solicitado, postrado ante la imposición del Poder Ejecutivo y la complicidad del Legislativo y, con lo cual, de esta manera, manifiesta el interés que tiene en la justicia dominicana. La justicia independiente debe ser prioridad en un estado de derecho, así como también para el ejercicio de una ciudadanía responsable, que paga sus impuestos y compromete su futuro con el endeudamiento galopante e irresponsable de quienes gobiernan, que destinan a obras sobrevaluadas, sobornos, comisiones, cabildeos e intereses.

Actualmente no se manifiesta una voluntad política interesada en el desempeño adecuado del Poder Judicial, que de manera deliberada retiene los recursos que establecidos por la ley, de modo tal que la Procuraduría elabora procesos truncos y se designan jueces políticos, todo lo cual ha devenido en el sistema de la #DictaduraDeLaImpunidad. Ahora bien, la ciudadanía tiene el poder de revertir este panorama con estrategia, movilizaciones, denuncias y fe. Avancemos hacia un verdadero estado de derecho, todos juntos por el bienestar y el futuro de la patria y de sus hijos.

¡Adelante dominicanos!

file:///C:/Users/DELL/Downloads/LISTADO%20DE%20FIRMANTES.pdf

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