Gonzalo Castillo solicita a DIGEIG investigar su gestión en el Ministerio de Obras Públicas

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Enfatizó que todas sus actuaciones estuvieron apegadas a las normas y los procedimientos legales vigentes en el país, entre ellos, de manera específica, los relativos a las compras y contrataciones públicas.

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) que sean realizadas las investigaciones administrativas que correspondan sobre las supuestas irregularidades cometidas cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, en aras de evidenciar ante la sociedad dominicana la pulcritud con la que administró esta entidad.

Mediante una comunicación dirigida al licenciado Lidio Cadet Jiménez, director general de la DIGEIG, Castillo manifiesta que hace la solicitud “con la plena conciencia de la responsabilidad y el compromiso con que asumimos y ejercimos la función de Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el período agosto 2012 – julio 2019, en virtud de los cuales, todas nuestras actuaciones estuvieron apegadas a las normas y los procedimientos legales vigentes en nuestro país, entre ellos, de manera específica, los relativos a las compras y contrataciones públicas”.

El candidato presidencial del PLD se puso a la disposición de la DIGEIG para ofrecer todas las informaciones y documentaciones que se entiendan pertinentes para constatar de manera fehaciente que en la realización de los procesos de compras y contrataciones públicas se dieron siempre cumplimiento a los preceptos éticos y legales aplicables a los mismos y al ejercicio de la función pública.

Castillo realizó esta solicitud ante las supuestas irregularidades denunciadas en el programa televisivo “El Informe con Alicia Ortega” y lo hizo ante esta entidad, en su calidad de órgano rector en el ámbito administrativo gubernamental en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información pública.

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