ADOCCO propone un gran pacto social para una reforma estructural de la constitución y blindarla por 30 años

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Julio Cesar De la Rosa Tiburcio

También propone incluir la reelección por dos periodos y el nunca jamás entre las clausulas pétreas de la carta magna

Entre los puntos cita, unificar elecciones, independencia del ministerio público, fiscal anticorrupción y electoral, exclusión PGR del CNM y referéndum aprobatorio

Considera el presidente Danilo Medina debe convocar a los diversos sectores para tal propósito

Santo Domingo, D. N., 13 de agosto del 2019.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, propuso este martes un gran pacto nacional, similar al celebrado hace 25 años y que trajo consigo una serie de conquistas que a la fecha, han resultado muy importante para la vida democrática del país, las que necesitan ser fortalecidas y actualizadas a los nuevos tiempos, para lo que la constitución dominicana, por su forma flexible, permitiría, pero con una amplia participación de todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresariales, eclesiásticas, académicas, gremiales y de los medios de comunicación.

Con la propuesta la organización de la sociedad civil, procura que por primera vez en la historia, se le coloquen a la constitución un carácter rígido, que evite que cada presidente haga su propia reforma, como ha ocurrido en las últimas tres reformas, ejecutadas por los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, por lo que sería esta última, el resultado de un gran pacto, que incluya un blindaje por 30 años y que para que se pueda reformar, luego de vencido ese tiempo, tenga que ser sometida una consulta y posteriormente a un referéndum aprobatorio.

Para que ese pacto se produzca, necesariamente debe ser convocado por el presidente de la república, por su liderazgo y la fuerza que posee en el congreso, ya que sin su participación sería imposible realizarla, vía única que haría posible, darle solución a lo que podría representar un grave problema, por la celebración de las elecciones municipales en febrero 2020 y las de senadores, diputados y del presidente de la república con apenas dos meses de diferencia, lo que al parecer no fue contemplado en la reforma del 2010.

“Solo con una reforma estructural, a gran escala y con la participación de todos los sectores de la vida nacional, se podría erradicar el fantasma de la reelección presidencial, incluyéndola dentro de las clausulas pétreas, para que todo aspirante a la presidencia llegue convencido de que si el pueblo lo vota por dos periodos o no, saldrá del escenario de manera automática, permitiendo un mayor flujo del liderazgo político del país”. Dijo el presidente de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio.

Además de establecer con claridad la no modificación de la constitución para la re postulación presidencial, por más de dos periodos, la entidad de la sociedad civil, propone: que las elecciones municipales programadas para celebrarse en febrero del año 2020, se unifiquen con las elecciones congresuales y presidencial, a celebrarse en mayo del mismo año; eliminar la disposición transitoria Vigésima que reza: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.

Que el ministerio público sea autónomo, escogido por un mecanismo que incluya además de los órganos constitucionales, a sectores de la academia y sociedad civil y excluir al Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, para que ese órgano constitucional retorne a la esencia que le dio origen.

Incluir como órgano constitucional al fiscal general anticorrupción, que tendría autonomía en su accionar, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de los delitos de corrupción, en los ámbitos privados y público; al fiscal general electoral, que tendría autonomía en su accionar, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de la persecución de los delitos electorales.

Establecer que para futuras reformas a la constitución, esta tenga que ser previa a la celebración de un plebiscito, organizado por la Junta Central Electoral, sobre la necesidad de la reforma, previa difusión de la necesidad de la misma, para la que se necesitaría una mayoría calificada de la población inscrita en el padrón electoral y ser aprobada, mediante un referendo aprobatorio, hasta 30 años después de la propuesta reforma.

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