Nuevas reformas y la Ley 50 – 88

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Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo

Nueva vez en la República Dominicana se ha convocado  a un proceso de  reformas  del Estado. En la convocatoria el gobierno dominicano  afirma  que con la participación de todos los sectores se pretende avanzar en  reformas transparentes, democráticas e incluyentes. Se argumenta que el país demanda de transformaciones sociales, que les aseguren un mayor espacio participativo frente a la realidad local e internacional.  Una de las propuestas para este diálogo se refiere a impulsar una salud eficiente. Grandes y  loables propósitos sin dudas. Sin embargo, reformas transparentes, democráticas e incluyentes reclaman que sean justamente eso en todo el espectro social.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  ha señalado que en un mundo que se plantea avanzar hacia la inclusión, por lo que nadie debería quedarse atrás, “a las personas que usan drogas no se las deja atrás. Se las deja fuera”. Y eso es lo que justamente se hace en nuestro país con estas personas. Si pretendemos  hacer  reformas incluyentes y democráticas, estas no lo serian si se deja  fuera   a las  personas que usan drogas.

El momento es oportuno para que se  produzcan reformas en las que finalmente sea superada la Ley No. 50-88, que rige la política sobre drogas en nuestro país, por acientífica,   antidemocrática,  excluyente, y violatoria de derechos. Estas  políticas tienen su origen en la discriminación y exclusión social de los años 30 en los EEUU. La  Ley No. 50-88 es un gran obstáculo si queremos avanzar hacia estadios más participativos y democráticos donde no se deje fuera a las personas que usan drogas.

Si realmente se quiere hacer reformas transparentes, democráticas e incluyentes, contrastando la realidad nacional e internacional,  es  insostenible tener una legislación que penaliza el consumo. Una ley que convierte en delincuentes a quienes solo son consumidores de sustancias, llevando a prisión a  quienes deberían recibir atenciones de salud. Pero además,  la política actual, basada en la  ley 50 -88,  prohíbe  el uso de medicamentos extraídos de  la Cannabis para problemas de salud donde las terapias convencionales no tienen respuestas eficaces. Esto en contra de lo que ya establece la ONU al respecto, que la  ha reclasificado para promover la investigación y uso medicinal.

Necesitamos una nueva mirada sobre las drogas que produzca una legislación que parta del derecho y la salud de las personas, sin ningún tipo de exclusión o discriminación.  Una nueva mirada implica asumir que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente con múltiples determinantes, tanto biológicos y psicológicos como sociales, y que debe ser considerada y tratada como un asunto de salud pública, tal como el tratamiento de otras enfermedades crónicas”. (OEA 2013).

Es urgente también la  descriminalización de la posesión de sustancias para  uso personal  bajo el criterio  de que “el Estado puede prescribir la forma del comportamiento frente a los otros, pero no la forma de comportamiento consigo mismo, siempre y cuando esa conducta no interfiera en los demás”. Esto implica que no se pueden separar las políticas de drogas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se debe priorizar la atención adecuada a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general, con miras a promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de toda la humanidad. De cara a las nuevas perspectivas sobre la Cannabis,   el Estado Dominicano, como se ha hecho ya  en otras naciones,  debe contar con  una ley para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, como forma de garantizar un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica.

Es momento para no seguir dejando de lado  la realidad del fenómeno de las drogas en nuestra sociedad. Las políticas sobre drogas no pueden ser inamovibles, especialmente cuando  han evidenciado  no ser capaces de reducir la oferta y demanda de drogas en la población. El tema de las políticas de drogas debe estar en la agenda para el debate.  Hay propuestas elaboradas para iniciar el proceso. Las políticas sobre drogas deben incluirse si en realidad queremos avanzar en los parámetros planteados: reformas transparentes, democráticas e incluyentes.

Juan Raddamés de la  Rosa Hidalgo.

Psicólogo,

Director Ejecutivo Casa Abierta.

Septiembre 2021.

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