Los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social “No dejar a nadie atrás” y la discursiva del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas

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Por Araceli Aguilar Salgado

“Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional”. António Guterres 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de febrero de 1995 mediante su resolución A/RES/49/214 decide que el 9 de agosto de cada año se celebre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

La celebración ofrece una oportunidad para reconocer a las comunidades indígenas -sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres- y el aporte que estas han brindado en el fortalecimiento de las culturas nacionales.

Con la conmemoración de este día, Naciones Unidas busca obtener el mayor respaldo de los gobiernos y todos los sectores de la sociedad para hallar juntos la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.

Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos han logrado establecer la autonomía en diversas formas, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos.

A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses (pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y Noruega.

La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. Está claro que, en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión, como mínimo.

Un contrato social es un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y económicos.

En muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social. El contrato social se hizo entre las poblaciones dominantes.

Durante los últimos años y décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a través de disculpas, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas legislativas, así como reformas constitucionales.

Mientras que, a nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se embarcan en el viaje colectivo para garantizar que nadie se quede atrás, incluidos los pueblos indígenas.

Por tanto, es necesaria la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.

El nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos.

Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.

Es por ello que este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos para todos.

Este año 2021 el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se centra en “no dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”. Ya que hoy más que nunca se deben proponer mecanismos necesarios para combatir la exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva.

Desde hace casi 30 años, los derechos de los pueblos indígenas se han convertido en un campo de lucha, con varios objetivos. Sin embargo, en México una gran parte de los más de 25 millones de mexicanas y mexicanos indígenas no deja de verse expuesta, a vivir circunstancias de discriminación y exclusión en los ámbitos de la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.

En virtud de la reforma del 10 de junio de 2011, que modificó once artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de los pueblos y personas indígenas se vieron de alguna forma fortalecidos. Recientemente se llevó a cabo del 19 de junio al 25 de julio de este año, 61 asambleas de seguimiento del proceso de consulta libre sobre la reforma constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afro mexicano.

Esta iniciativa busca modificar 15 artículos de la Constitución, a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, como un acto de elemental justicia y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2º, que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer pues el reconocimiento jurídico de sus derechos tiene que darse en un escenario de gran amplitud y de forma transversal, donde se coordinen todos los esfuerzos que reconozcan y propicien su cumplimiento.

Otro gran tema es que hay decisiones que se toman ante las Naciones Unidas, pero no cuentan con financiamiento.

El Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), cuyo plan insta a los países miembros a poner en marcha una serie de políticas públicas para el reconocimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y garantice la sostenibilidad de sus lenguas.

El documento es amplio en detalles: etapas de acción, periodos de planeación y ejecución, no obstante, hay hándicaps estructurales para llevarlo a buen puerto: la discriminación, el clasismo, el racismo, el centralismo, el colonialismo, han sido señalados por representantes de las comunidades originarias como asuntos de raíz que han dejado a no pocas lenguas en el borde de la extinción. En el mundo según la UNESCO, el 40% de las 7,000 lenguas registradas se encuentra en algún tipo de riesgo.

México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas en el mundo.

El Decenio no tiene financiamiento, por ejemplo, y dependemos de él, pero por el momento ningún país se ha dignado en asegurar financiamiento. Entendemos que todos están ocupando los recursos en la pandemia. Así que recién ahora estamos trabajando en la estrategia para ir a buscar los recursos, con qué países o con qué empresa, a respuesta es compleja. No es que queramos buscar un resultado único. Eso depende de qué importancia le den los estados miembros, pero ya no puede ser solo a nivel discursivo. Es decir, el reconocimiento tiene que transformarse sin duda en acciones legislativas, educacionales y de reconocimiento cultural adaptadas a cada una de las realidades. Lo que es un hecho es que por lo menos hasta ahora en todas las reuniones en las que he participado es que nadie duda que la participación de las comunidades indígenas tiene que estar desde el inicio. Ese ha sido un cambio estructural que no había visto hace mucho tiempo en un proyecto tan ambicioso como este”.

Otra finalidad, dice, es que se deje de hablar de inclusión de los pueblos originarios y se hable mucho más de participación. En todo esto, enfatiza, la lengua tiene un papel preponderante como el vehículo de comunicación. “Esta década debe de servir para dejar todos los fantasmas atrás y reconocer de una vez por todas que es la diversidad lo que enriquece a los países”

De acuerdo con el documento, este periodo incluye la movilización y consolidación de los recursos necesarios, así como se establecerá un mecanismo de coordinación para la utilización, preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas y el empoderamiento de sus usuarios en los planos mundial, regional, nacional y local, en los espacios públicos y privados.

“Nada para nosotros sin nosotros”; además, identifica direcciones estratégicas de acción con el fin de garantizar que los hablantes de lenguas indígenas sean reconocidos en las esferas económica, política, social y cultural, así como para la salvaguarda y protección del patrimonio cultural y lingüístico y crear condiciones para la igualdad de oportunidades de empleo en y para lenguas indígenas, sin dejar de lado su uso para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Presidenta del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Analista y comentarista mexicana, del Estado de Guerrero, México.  

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