La delincuencia no respeta las fronteras nacionales. Por eso, cada día, los profesionales de las fuerzas del orden estadounidenses se unen a sus homólogos de otros países para atrapar a los delincuentes transnacionales.
Los agentes de la ley se entrenan juntos, comparten información y recursos, y cooperan en sofisticadas misiones de detención.
Los delitos transnacionales incluyen:
- Terrorismo.
- Ciberdelitos.
- Contrabando de armas.
- Tráfico de drogas.
- Contrabando de personas.
- Tráfico de especies silvestres.
- Falsificación.
- Lavado de dinero.
A continuación se presentan ejemplos de cómo diferentes organismos del gobierno de Estados Unidos trabajan con socios internacionales para encontrar y llevar ante la justicia a los autores:
Departamento de Estado de Estados Unidos
La Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) trabaja con socios en 90 países en la lucha contra el tráfico de drogas, la corrupción y la delincuencia transnacional. Entre los socios se encuentran otros países, organizaciones internacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales y entidades de justicia penal federales, estatales y locales de Estados Unidos.
La oficina dirige la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en Accra (Ghana), Bangkok, Budapest (Hungría), Gaborone (Botsuana), San Salvador (El Salvador) y Roswell (Nuevo México) en Estados Unidos.
Desde 1995, estas academias han formado a 75.000 funcionarios policiales de alto y medio nivel procedentes de 100 países. Instructores de 15 organismos policiales federales de Estados Unidos imparten cursos especializados. “En cada clase de ILEA San Salvador, los estudiantes desarrollan asociaciones y alianzas que perduran a lo largo de [sus] carreras y que ayudan a detener la delincuencia transnacional organizada”, dijo el subdirector de ILEA San Salvador, Carl Beckett, que procede de la Administración para el Control de Drogas.
ILEA es solo una fuente de formación. La asociación estatal y local del INL aprovecha los organismos de justicia penal estatales y locales de Estados Unidos para formar a funcionarios del sistema de justicia penal internacional (3.100 durante un período reciente de cuatro años).
La coordinadora del programa INL, Cathy Marchese, dijo que los profesionales comparten tanto las prácticas óptimas como los desafíos a los que se enfrentan. “Los profesionales de la justicia penal en el extranjero… hablan con alguien que hace el mismo trabajo que ellos. Esto crea un nivel inmediato de compañerismo y hace que la información sea más relevante”, dijo.
Como los delincuentes viajan para evitar ser detectados, el Departamento de Estado ayuda a crear los vínculos transfronterizos necesarios para atraparlos. Kara Rose, veterana de la policía desde hace 30 años, es una de los 70 expertos en justicia penal que ayudan al INL a diseñar estos programas. Involucrar a los ciudadanos, dijo, “permite a los socios en el extranjero encontrar formas de trabajar con sus comunidades para resolver los delitos y aumentar la seguridad”.
Los delincuentes actuales trabajan cada vez más en el espacio cibernético. Por ejemplo en delitos de pago de rescate informático o en el robo digital de derechos de autor. La Red Global de Aplicación de la Ley contra la Delincuencia Transnacional y de Alta Tecnología de Estados Unidos, gestionada por los departamentos de Estado y de Justicia, crea capacidad para investigar y perseguir este tipo de actividades. Pone a disposición de los agentes de la ley de los países asociados mentores federales de Estados Unidos y una red mundial de expertos en delincuencia digital.
Departamento de Justicia
En el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) combaten la delincuencia transnacional.
La DEA persigue e investiga el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las organizaciones criminales transnacionales relacionadas que afectan a Estados Unidos y a sus ciudadanos.
La operación “Trojan Shield” (Escudo de Troya) compiló información que ha llevado al arresto de 800 presuntos delincuentes.
Sus investigaciones han perseguido a los mayores narcotraficantes del mundo, como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En cualquier mes, las noticias citan operaciones de detención en las que la agencia ha desempeñado un papel importante.
Las 91 oficinas de la DEA se extienden por 69 países y ofrecen cursos a los funcionarios estadounidenses de los países anfitriones sobre investigaciones relacionadas con las drogas y el blanqueo de dinero, liderazgo, gestión de personal, ética y manejo de crisis.
Durante 70 años, el FBI ha destinado agentes especiales al extranjero. Al establecer relaciones con las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia y de seguridad de esos países, el FBI garantiza el intercambio regular de información. En la actualidad, el FBI cuenta con 63 oficinas de agregados legales y dos docenas de suboficinas más pequeñas en ciudades clave de 180 países, territorios e islas de todo el mundo. Cada oficina se establece mediante un acuerdo mutuo con el país anfitrión y está situada en la embajada o el consulado de Estados Unidos en ese país.
El FBI también forma a funcionarios extranjeros en métodos de recogida de pruebas e investigación.
Recientemente, el FBI, en coordinación con la Policía Federal Australiana, Europol (la agencia policial de la Unión Europea) y una docena de otros países, desarrolló una plataforma de comunicaciones cifradas que utilizaba unos 12.000 dispositivos en manos de organizaciones delictivas. La operación “Trojan Shield” (Escudo de Troya, en inglés) ha permitido la detención de 800 presuntos delincuentes hasta el momento.
Guardia Costera de Estados Unidos
La Guardia Costera también colabora con socios de todo el mundo y forma a personal extranjero. Ofrece clases para estudiantes internacionales visitantes y envía sus equipos móviles de formación al extranjero.
La formación internacional, la asistencia técnica y los intercambios profesionales de la Guardia Costera redundan en beneficio de objetivos regionales como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, que amenaza las poblaciones de las pesquerías y pone en peligro el sustento de los pescadores legítimos.
Los acuerdos “Shiprider” de la Guardia Costera permiten a sus funcionarios o a los de un país asociado registrar buques sospechosos en nombre del otro país. Por ejemplo, estos acuerdos permitieron a las unidades de la Guardia Costera estadounidense que prestan servicio a bordo de buques de armadas con pabellón extranjero incautar 4.466 kilogramos de cocaína y 454 kilogramos de marihuana en los últimos seis meses.
“Los acuerdos ‘Shiprider’ amplían la autoridad de policía marítima y evitan que actores ilícitos exploten el derecho internacional y sus límites jurisdiccionales”, explicó Brian Chapman, de la Guardia Costera de Estados Unidos.
