Después de dos intentos de solicitud de información sobre el contrato de operación del Corredor Núñez de Cáceres al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y ante las denuncias de sobrevaluación de unidades de autobuses e incumplimiento de compromisos de pago a empleados y socios del consorcio, Alianza País entiende que reina la incertidumbre y las denuncias sobre informaciones del corredor que caben ser aclaradas por el gobierno.
Esta ruta fue concesionada por el Estado a pesar de que la OMSA cubría el servicio a un precio mucho menor. Opera bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, siendo sus fondos administrados por un fideicomiso del Grupo Universal. La empresa que gestiona el transporte es COCHONUCA SRL, brazo empresarial de la filial sindical CONATRA, que agrupa a choferes y propietarios de la antigua ruta de carros, cuya cabeza visible es el senador y sindicalista, Antonio Marte.
Este corredor Núñez de Cáceres en el papel pretende suplir la demanda de servicios de transporte a 10 mil usuarios, en una longitud de 10.2 kilómetros que cubre desde el sector Los Ríos, de la Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional, hasta el Centro de los Héroes. En un inicio se hablaba de una tarifa de RD$20, pero en realidad la que está vigente es una de RD$35 por pasajeros, lo que ha mermado la cantidad de usuarios del servicio, sobre todo del sector Los Ríos, debido a que de una tarifa de RD$15/usuarios, pagan un 137% más que lo que ofrecía la OMSA por el mismo trayecto.
Después de cinco meses de operación, la iniciativa de APPs promovida desde el gobierno a través del INTRANT luce empantanada financieramente, operando con déficits de movilidad de pasajeros que se ha traducido en problemas financieros, que imposibilita al fideicomiso el pago incluso de sueldos y participaciones de socios choferiles en los ingresos hasta ahora generados por la empresa, los cuales evidentemente son insuficientes.
“Alianza País está totalmente de acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, sin embargo, no puede usarse este mecanismo para que un servicio público sea concesionado bajo APPs y manejado por fideicomisos, que abran esquemas de negocios a empresarios del transporte en franco conflicto de interés con el regulador que es el INTRANT”, expresa Francisco A. Tavárez, Coordinador de ALPAIS en la C2 del Distrito Nacional.
“Nuestra visión es que el transporte es uno de los rubros de gastos más sensibles del presupuesto familiar, por lo que no estamos de acuerdo con que además de cobrar una tarifa alta, se haga negocio privado con un servicio tan esencial y al mismo tiempo, se pague un “peaje o tarifa sombra” por los usuarios que dejen de utilizar el corredor para que el proyecto sea sostenible financieramente. Transporte eficiente, cómodo y digno para la gente, pero sin lucro de grupos y la participación de la empresa pública OMSA que es la que debe garantizar el derecho a una movilidad sostenible y asequible para la gente”
Ponemos en alerta al gobierno de esta situación, continuaremos luchando para que los espacios, servicios, bienes y patrimonio publico en sentido general, sean del disfrute de la ciudadanía por encima de cualquier interés de lucro o negocio privado que se quiera instalar en perjuicio del bien común.
En los próximos días accionaremos contra el INTRANT por las vías que dispone la Ley No. 200-14 de Libre Acceso a la Información Pública, hasta que tengamos todos los detalles que esclarezcan las condiciones bajo las cuales está operando esta empresa y en qué se compromete al Estado y sus recursos.
