¡Hay cosas difíciles de lograr!

56

Sí, como esa a la que nos referiremos más abajo, por ejemplo; que se intentan, y se intentan, sin nada frutífero se pueda obtener, por la razón que sea., política, económica, o de otro orden que las adversen.

Según una publicación aparecida en el periódico “El Día, edición de fecha 27-5-21, página 9, “El Senado prohíbe a los colegios subir tarifas”. ¡Ja, ja! ¡En cuántas ocasiones anteriores se habrá entonado la misma canción!, con letras y ritmos que han hecho ecos en el vacío.

El proyecto de ley en ese tenor, ahora sometido a la referida instancia congresual, y aprobado, por la misma, y que “prohíbe a los colegios privados cobrar reinscripción o aumentar sus tarifas en el próximo año escolar”, mueve a incredulidad.

Incluso, al leer en esta oportunidad, que el no cobro de reinscripción solo aplicaría para el año lectivo 2021-2022, dos interrogantes de inmediato asaltan.

La primera de ellas es que, la razón por la fuera sometido el proyecto ley después que ya muchos padres habían procedido a pagar por ese concepto, según se dice.

¡Qué bien!  Entendemos que el mismo se debe comenzar hacer desde principios del mes de abril de cada año. ¡Y entonces, habría reembolsos!, en favor de los que honraron el compromiso!

Y, la otra es que, por qué razón es para un solo para un año nada más la iniciativa actual, cuando esa actitud abusiva en contra de la sociedad por parte de los centros privados de educación debe ser eliminada para siempre, debido a cuántas protestas se han elevado en tal sentido. ¡Ya está bueno!

Aunque supeditado en esta ocasión al venidero año lectivo, se vuelve a escuchar en este país el mismo tema musical relativo de hace años en el Congreso de la República, sin que sea aceptada y aplaudida por todos los oyentes necesarios la composición reivindicativa, lo cual lleva a pensar, que, de seguro, volverá a ser archivada de nuevo.

En ese tenor, la pregunta obvia es que, desde cuándo se viene cantaleteando ese asunto en este país, sin que nada se haya podido lograr hasta el momento. Los intentos fallidos han sido varios, y datan de años.

Por los precedentes, se infiere entones que, en esta nueva ocasión, con ese proyecto de ley de la autoría presente del senador Héctor Acosta (Bonao), reintroducción cabe aclarar, con el cual se persiguen los no cobros señalados más arriba por parte los colegios privados – reinscripción de sus estudiantes, o aumentos en la tarifa mensual – en lo que respecta al año lectivo 2021-2022, tampoco nada se va a lograr.

Además, se procura que se otorguen otras facilidades de orden financiero en favor de los tutores de sus alumnos. Las tres cosas son señaladas, aduciéndose la problemática económica que ha provocado la pandemia del COVID-19, la cual continúa cursando abiertamente entre nosotros. No obstante, se perciben muy pocas esperanzas de logro otra vez, cabe reiterar.

De nuevo será difícil alcanzar el resultado que se aspira, a pesar de las circunstancias que se esgrimen, y aunque la aprobación de la pieza se consiga en ambas cámaras legislativas. La gran barrera a derribar, está de ahí en adelante: que se aplique conforme.

En   línea con la negatividad esperada, no se pude dejar de lado el hecho de que, los colegios privados son empresas lucrativas, como cualquier otra, y que muchos de esos pertenecen a las iglesias locales, mayormente la católica, siendo esa última un hueso bastante difícil de roer, y que quizás ha sido el mayor escollo para que se pueda obtener eso que hoy se continúa aspirando, aunque sea solo en lo concerniente al próximo año escolar.

Una muestra más que urticante, para la gente que resultaría beneficiada con las medidas propuestas por los legisladores, es que representantes de ese sector hayan reaccionado de inmediato diciendo que, de ser aprobada en definitiva la pieza legislativa presentada en esta ocasión, de inmediato se recurriría a otras formas alternativas de cobro, en busca de recuperar los recursos que se dejarían de percibir por tal razón, lo cual evidencia un abierto desafío a las autoridades congresuales.

Pero, en adición, se ha dejado caer de forma sutil, de acuerdo con lo trascendido, que del sector educativo privado tener que acogerse obligatoriamente a ese mandato estatal, los políticos en este país podrían poner en peligro los apoyos económicos que reciben del mismo durante las campañas electorales. Es algo que evidentemente huele chantaje, a los fines poder proseguir en lo mismo.

También resulta preocupante que, tampoco se esté tomando en consideración, en el orden de beneficiar a los padres de los alumnos, las subvenciones que reciben del gobierno esos centros escolares. lo cual deja entrever que, siempre las mayores tajadas tienen que ser para ellos.

De más es sabido que, para poder controlar e imponer reglas a los colegios privados entre nosotros, la forma que resultaría más efectiva para hacerlo, sería mediante la eficientización del sistema educativo estatal, y la despolitización del mismo en todas sus partes, como una manera de poder competir parcialmente con los centros educativos privados, y que se despierte, por extensión, la confianza en la seno de la población, para que los padres se inclinen por inscribir a los hijos en las escuelas públicas del país.

Sobre ese particular, bien se puede hacer una analogía con respecto a la medicina privada, y los centros especuladores habilitados para el ejercicio de esa, en los cuales siempre se está procurando “pescar en rio revuelto”, como dice el refrán popular, verbigracia, tal ocurre con, los servicios actuales por la pandemia del COVID-19, que cursa en estos precisos momentos.

Evidentemente, se demandan las asistencias facultativas a nivel de esa, por las precariedades que se verifican en torno a los servicios relativos públicos, incluida la poca asistencia de los galenos.

Es obvio que, ambos sectores tienen características operativas, como libertades bastante similares. Se cobra lo que se quiera en consultorios y clínicas a los pacientes; como, en los colegios privados a los alumnos, Hay que recurrir necesariamente a ellos, por lo que siempre se encuentra a nivel público.

Ahora, sobre lo tratado, llama la atención algo que se expone al final de la publicación periodística de referencia: “Especifica que la disposición solo aplica para el año escolar 2021-2022, y que se ampara en la Ley General de Educación vigente…” Y entonces, ¿por qué no se ha venido aplicando, o se hace ahora, esa normativa?

Otras preguntas que se desprenden: por qué para un solo año nada más es lo planteado en estos momentos, cuando los efectos económicos dañosos que habrá de producir la pandemia COVID-19 en las familias dominicanas, no se puede predecir que serán por un periodo de tiempo específico. ¿Será ese el caramelo, para lograr aceptación de lo planteado últimamente?

Además, si lo pretendido en esta ocasión se ampara en la Ley General de Educación vigente, cabe reiterar, de acuerdo con lo que se ha dicho, por qué se requiere de otra normativa legal, alegándose que solo será para el año lectivo 2021-2022, y a los fines de que en este no se siga con los actos abusivos en que incurren los centros educativos privados anualmente, haya pandemia o no, y en contra de los cuales vienen protestando los padres de los alumnos desde hace años.

Es de ahí que, aunque no se quiera, todo hace pensar en otro bulto legislativo más; que, de producirse la promulgación de estilo por parte del Poder Ejecutivo, cuando sea completado el debido proceso congresual, se convertirá en otra pieza de adorno en los anaqueles de los juristas locales

¿Difícil de lograr o no, la iniciativa?

Autor: Rolando Fernández

 

www.rfcaminemos.wordpress.com

SHARE