La Titular de Relaciones Laborales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Maritza Hernández, advirtió que el presidente Luis Abinader y funcionarios del Gobierno se exponen a ser demandados ante la justicia por violar los derechos de los desvinculados de la administración pública.
Hernández refirió que tanto el Jefe del Estado como los funcionarios que han cancelado empleados están obligados a cumplir lo que establece la Ley 41-08 sobre las relaciones laborales y sociales del sector público.
Indicó que también la Ley 247-12 sobre la administración pública (ley 247-12) establece el principio de responsabilidad civil y penal.
La ex ministra de Trabajo precisó que esa legislación es clara al indicar que los entes y órganos administrativos comprometen su responsabilidad civil y penal por los daños causados por la falta de sus órganos y servidores en el desempeño de la función administrativa, independientemente de las acciones que podrá intentar para resarcirse del perjuicio propio causado por el dolo o la falta grave e inexcusable del servidor”.
Hernández indicó que los desvinculados de instituciones públicos podrían demandarlos bajo la acusación de incurrir en la violación de la Ley 41-08 y al pago de los derechos adquiridos.
Expresó que la tardanza de la entrega de las prestaciones a los desvinculados constituye una violación del artículo 138 de la constitución dominicana.
“Es posible que un presidente permita que sus funcionarios sean demandados en responsabilidad patrimonial por violar la constitución y las leyes, que recientemente frente al pueblo que lo eligió se comprometió a cumplir y hacer cumplir”, dijo la dirigente del PLD, en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones.
