Escandalosos abusos a los derechos humanos continúan aumentando en Venezuela a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, según las Naciones Unidas.
Durante una actualización oral sobre los derechos humanos en Venezuela el 25 de septiembre de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que desde el 2 de julio de ese año “observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”.
Bachelet detalló actos de violencia contra venezolanos sancionados por el Estado por parte de fuerzas policiales controladas por el régimen.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”, continuó.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró 711 muertes entre junio y agosto de 2020, lo que eleva el número total de muertes desde enero de 2020 a más de 2000, según dijo Bachelet.
La actualización de Bachelet se produjo poco después de un informe separado de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 16 de septiembre de 2020, que encontró “motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, según la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
El informe de la misión de investigación describe un aumento de las muertes y torturas por motivos políticos, así como de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas directamente por el régimen de Maduro. “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe”.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC, el mayor organismo policial nacional de Venezuela, fueron responsables del 59 % de todas las ejecuciones extrajudiciales durante el período examinado en el estudio.
Las víctimas son civiles y los considerados “criminales” por el régimen ilegítimo de Maduro. El informe detalla cómo un plan militar dio lugar a la tortura y la matanza de 30 hombres y la desaparición de cinco en 2016.
De acuerdo a una declaración de ACNUDH en la publicación del informe de la misión de investigación, “Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.
El informe de Bachelet de 2019 también hace un llamado a la disolución de las FAES, una de las aproximadamente 60 recomendaciones combinadas hechas al régimen en los informes de ACNUDH de 2019 y 2020 no atendidas.
Juan Guaidó, el presidente interino legítimo de Venezuela, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin a los delitos perpetrados por el régimen ilegítimo.
“Les quiero reiterar el llamado a que rectifiquen, a que detengan las violaciones de Derechos Humanos que en este instante continúan, que colaboren a poner fin al terror que pretende imponer la dictadura”, dijo Guaidó durante sus declaraciones ante la Asamblea Nacional el 23 de septiembre de 2020.
Citando el informe de la misión de investigación de la ONU, Guaidó relató cómo la agencia de contrainteligencia de Maduro, la DGCIM, detuvo, asfixió hasta la inconsciencia y torturó a una mujer y a su novio, sabiendo que la mujer estaba en su primer trimestre de embarazo. El régimen le negó atención médica durante un mes, y finalmente la llevó a un hospital, donde sufrió un aborto espontáneo.
El informe “constata la responsabilidad individual de Nicolás Maduro” por estos crímenes, dijo Guaidó.
Este artículo fue publicado originalmente el 1 de octubre de 2020.
Fuente: https://share.america.gov/
