Miriam Germán apodera procurador de la Corte de Santiago contra fiscal que embarazó menor de edad

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La Inspectoría del Ministerio Público se apoderó de oficio del caso que también implica un proceso disciplinario

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La magistrada Miriam Germán Brito apoderó al procurador de la Corte de Apelación de Santiago de una investigación contra el fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo, imputado de embarazar a una menor de edad.

Germán Brito tomó la medida atendiendo a una petición del magistrado Juan Medina de los Santos, inspector general del Ministerio Público, quien se apoderó de oficio de una investigación disciplinaria contra el fiscalizador Osoria Castillo.

Al instruir a Víctor González, procurador de la Corte de Apelación de Santiago, la magistrada Germán Brito explica que el caso citado presenta indicios tipificados por varios artículos del Código Penal Dominicano y en la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes.

La investigación del caso se originó a partir de que la víctima, cuya identidad se preserva para mantener su integridad, depositó el 28 de diciembre de 2020 una denuncia en reclamo de pensión alimentaria en contra del fiscalizador Osoria Castillo, en virtud de que ella cursaba un embarazo de 23 semanas.

Las informaciones recabadas permitieron al inspector Medina de los Santos determinar que, aunque la joven cumplió la mayoría de edad el pasado 19 de diciembre de 2020, el embarazo se produjo cuando tenía 17 años.

La joven, además, había acudido a la Unidad de Violencia de Género porque temía por su vida y para denunciar amenazas de parte del fiscalizador, e incluso de la esposa de éste, Alexandra Cabrera.

La psicóloga forense que la atendió determinó que la joven “podría estar corriendo riesgo de sufrir lesiones graves y/o muerte” y recomendó su envío a una casa de acogida.

Medina de los Santos lamentó que algunos usuarios de las redes sociales contribuyan, quizá sin malas intenciones, a hacer más vulnerables a las víctimas que acuden a las unidades de violencia de género y que, en algunos casos, tienen que ser protegidas por disposición de los fiscales y del Ministerio de la Mujer, incluso cuando las afectadas muestran resistencia a recibir apoyo.

 

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