FJT califica 2020 como el año del descalabro judicial

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Usuarios y actores del sistema judicial coinciden en que «La justicia sigue siendo el mismo infierno y que lo único es que ha cambiado de diablo»

Santo Domingo, Rep. Dom., 07 enero del 2021.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), tras presentar su tradicional balance, cada 7 de enero, con ocasión de la celebración del día del Poder Judicial, sobre el desempeño del sector justicia, consideró y calificó el recién concluido 2020, como el año del descalabro judicial, en suma, el peor año que registra la historia de la justicia dominicana.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Pontetini lamentó que al 2021, el Poder Judicial siga siendo considerado como la cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado, traduciéndose su mayor escollo o debilidad, en la falta de recursos y presupuesto que garanticen su operatividad y real independencia, además de los cuestionamientos, múltiples conflictos internos y la perturbaciones en que ha devenido el proceso acelerado de la virtualización de la justicia en tiempos de pandemia.

El balance de la FJT, lamenta el círculo vicioso que mantiene la justicia dominicana, donde los males pasados siguen latentes, con la agravante de que se van adicionando otros, destacándose la creciente percepción de descrédito y baja valoración, que hoy día tienen los ciudadanos del Poder Judicial, la falta de tribunales, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, la mora judicial en los tribunales inferiores, y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia.

Conflictos internos, cuestionamientos públicos a la gestión de Luis Henri Molina y enfrentamientos con el Colegio de Abogados.

De acuerdo con Pontetini a todo esto, se suman el impacto del coronavirus y el deficiente manejo dado por la actual gestión del Poder Judicial, que encabeza Luis Henri Molina, con la irracional y casi generalizada virtualidad de la justicia; además de los problemas internos y cuestionamientos de los propios jueces de la suprema, con votos disidentes y hasta enfrentamientos públicos, (Casos de los magistrados Napoleón Estévez y Herrera Carbuccia), también se suma el acontecimiento sin precedentes del querellamiento penal, del miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, en contra del juez presidente Molina, con acusaciones de mucha gravedad y perturbación.

Otro conflicto en curso de la actual gestión de Molina, lo son los constantes y agrios enfrentamientos con el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), cuyos directivos les han declarado una guerra sin cuartel, por las reivindicaciones de la clase jurídica, hoy impactada y desasistida en medio de la pandemia, los abogados encabezados por su presidente Surun Hernández, vienen realizando marchas y protestas en toda la geografía nacional, incluso hoy día frente a la Suprema Corte de Justicia y en medio de la celebración del día del Poder Judicial, evidentemente que esto viene a erosionar aún más la ya desacreditada justicia.

Escollos y aspectos negativos que presenta la virtualidad de la justicia.

La entidad de sociedad civil afirma que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes hoy día se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

Asimismo, la FJT ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial, hoy con un acceso muy limitados para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

En tal sentido, no solo atañe al derecho al trabajo, que les asiste a los abogados, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima adecuado de facilidades, en la actualidad ausente, y más grave aún, todo ello sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.

El balance reconoce que perfectamente podría ir consensuándose y preparando la necesaria reingeniería legislativa y administrativa, que habría que hacer para aprovechar el uso y las virtudes de la tecnología, específicamente en las áreas donde la naturaleza y particularidad de los servicios así lo permita, fundamentalmente en operaciones de mero trámites, tales como acoger el testimonio de personas que están fuera del país, consulta de expedientes, recepción de documentos, deliberación de jueces de forma virtual, entre otros; no así para la mayoría de las audiencias penales, en las cuales, al igual que otros servicios estarían sometidos a un mayor rigor de plazos y garantías constitucionales, como el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, escenarios donde no sería viable la virtualidad.

En esa virtud la entidad cívica considera como escollos que tendría que superar la virtualidad de la justicia, los siguientes: Primero: El derecho fundamental al acceso a la justicia restringido bajo las condiciones proyectadas, sólo a los dominicanos que tienen celular e internet; Segundo: El despido masivo de personal del Poder Judicial por el nuevo enfoque de la virtualización; Tercero: La reglamentación de carácter general y en asuntos judiciales que estaría resolutando el consejo del Poder Judicial, un órgano limitado a la administración y disciplina de los asuntos internos del Poder Judicial, vulnerando además el principio de legalidad y de jerarquización de las leyes sobre las resoluciones; Cuarto: Violación al juez natural, en el conocimiento asignación de expedientes; Quinto: El principio de publicidad en las audiencias, en fin no podríamos ni siquiera imaginar cómo sería el cantarle a un imputado de forma virtual, 30 o 40 años, o una subasta de forma virtual para la adjudicación de un bien inmueble, entre una larga lista de situaciones ajenas a la virtualidad.

Reformas legales e institucionales pendientes y necesidad de actualizar los Códigos Napoleónicos vigentes desde 1884.

De acuerdo con la FJT la justicia es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el urgente cambio de los antiquísimos códigos napoleónicos (código penal, civil, procesal civil y de comercio), aprobados en 1884, ósea con una vigencia de unos 136 años.

Se recuerda que desde el final de la década de los 90, el Poder Ejecutivo por decreto constituyó comisiones para la adecuación y cambios de los códigos, pese a que descansan en el congreso por 20 años los proyectos de reforma, solo se ha logrado aprobar el Código Procesal Penal, quedando, sobre todo, desfasado el sistema de persecución penal, por la falta de un nuevo código penal acorde con los nuevos tiempos.

El balance de justicia y transparencia sostiene que un nuevo código penal vendría a suplir una renovada visión y enfoque de la clasificación de las infracciones, “actualizando la existente aún de factura francesa, que se sustenta en el viejo ordenamiento de juzgamiento criminal». Explicó que el Código Penal, varía sustancialmente el régimen de las penas y con ello algunos de los elementos bases del proceso penal.

En este balance resaltamos la necesidad de un nuevo Código Penal, en la urgencia de armonizar y actualizar los instrumentos de política criminal, en razón de los nuevos tipos penales, aun sin previsión legal en nuestra legislación, tales como el sicariato, el feminicidio, el autor intelectual, el necesario cúmulo de penas, la protección de testigos que denuncian la corrupción administrativa, entre otras mejoras y reformas que precisa el país, para mayor efectividad en el combate a la delincuencia y crimen organizado.

FJT recordó que el Código Penal, no es solamente aborto, también es libertad de expresión, difamación e injuria, peculado, delitos electrónicos y de alta tecnología, “entre otras tantas infracciones, las cuales necesitan ser actualizadas a la realidad social imperante, traduciéndose todas estas incongruencias en una sostenida y creciente impunidad.

El Ministerio Público en la administración de justicia y la lucha anticorrupción (caso Odebrecht y operación Anti-Pulpo).

Resulta un serio escollo para la administración de justicia el que los citados males estructurales del Poder Judicial, también arrastren al Ministerio Público, con la falta de presupuesto y la necesaria y total independencia, temas pendientes aún en la agenda nacional, no obstante se advierte voluntad política de no intromisión del ejecutivo y hasta una posible y aparente independencia, un clima que ha sido aprovechado por los actuales incumbentes bajo la dirección de la magistrada Mirian German Brito, rindiendo frutos positivos y esperanzadores con el destierro de la impunidad y la lucha contra la corrupción, ello abonado por las amplias acciones e investigaciones en curso, el sometimiento de la denominada operación Anti-Pulpo, más el seguimiento del caso Odebrecht, con la posibilidad de ser ampliado con otros imputados, además de la revisión y posible rechazo de los archivos definitivos de la pasada procuraduría.

Creación de una ley que castigue la prevaricación judicial.

La entidad planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones, no es posible que para los jueces que incurren en faltas graves de complicidad y de lenidad con el crimen organizado, solo existan penas disciplinarias, ya es hora de que el combate a la corrupción judicial, vaya acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.

La instauración e implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia.

El informe de la FJT condenó la falta de instalación e implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales.

Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.

FJT reitera propuesta de autogestión financiera y presupuestal, para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos.

El balance recoge que sigue siendo una especie de Talón de Aquiles, o gran debilidad de la administración de justicia la falta de logística y recursos económicos, sobre todo cuando tiene pendiente innumerables retos y reformas, tales como el establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, en consecuencia, urge mejorar las condiciones financieras del poder judicial, como garantía del cumplimiento de las tareas y exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.

En esa virtud proponemos un mecanismo similar al actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso de adunas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos Internos.

En suma, estaríamos hablando de conformidad con las recaudaciones de aduanas e impuestos internos, de recaudaciones por más de 100 mil millones y más de 400 mil millones respectivamente, para asignaciones presupuestarias superiores a los 4 mil millones, para aduanas y más de ocho mil millones para impuestos internos, todo esto a partir de las estimaciones y recaudaciones durante todo el año 2020, sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo.

El referido balance explica que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, más bien el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, en fin se trata de una dependencia del Poder Judicial que bien serviría como parámetro para establecer los por cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.

Objetivo de este balance sobre el desempeño de la justicia 2020.

El balance aquí presentado por Justicia y Transparencia y sin que en modo alguno constituya palabra de dios, solo persigue constituirse en un documento y aporte de consulta para la discusión y las necesarias mejoras que demanda nuestro sistema de justicia.

Asimismo damos fe de que lo aquí vertido, es resultado del seguimiento y análisis que durante todo el año 2020, vino realizando la fundación en su condición de testigo de excepción de los diversos procesos de cambios y reformas en el Poder Judicial, destacándose también encuestas y cuestionamientos a los usuarios y actores del sistema de justicia, sobre su satisfacción o críticas sobre su administración, donde se arrojaron como datos relevantes, la sostenida percepción de descrédito en el Poder Judicial, además de coincidir de una forma, hasta jocosa y folclórica de que «La justicia sigue siendo el mismo infierno y que lo único es que ha cambiado de diablo»

Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, consideró como de alta preocupación, el que año tras año, persistan en la administración de justicia los mismos problemas, y lo peor aún, y reiteramos agravándose y encontrándonos en una especie de círculo vicioso, con avances solamente quiméricos y retóricos, los cuales solo retratan proyecciones y deseos, muy lejos de hacerse realidad.