Por: Fitzgerald Tejada Martínez
A nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar o creer que un presidente de la república, actuando en pleno desempeño de sus facultades, permitiría que sus funcionarios subalternos y cercanos colaboradores, incurriesen en actuaciones indecorosas que sean reñidas con la ética pública en perjuicio directo del bien común; porque no es así. Existen otras razones que comprometen a los gobiernos con situaciones reprochables, no precisamente, promovidas por órdenes de los mandatarios.
Ciertamente, a las estructuras del Estado, ingresan personas que, a pesar de formar parte del círculo de confianza del presidente, sus intereses primarios están abrazados a diferentes propósitos. Son esos, quienes cometen actos de corrupción que, regularmente, terminan dañando la imagen de la administración pública, porque sus expectativas en el gobierno no fueron idealizadas conforme a las intenciones del mandatario, cuando lo nombró, sino que estuvieron enfocadas en utilizar el poder como trampolín para hacer negocios sin importar que, sus inconductas, dañasen a terceros, inclusive al propio presidente.
En ese contexto, el tema (Tony Renuncia) que se debate en la palestra pública, relacionado con la cuestionada entrega de RD$ 100 millones de pesos, por parte del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República, en beneficio de un determinado grupo de artistas, mueve poderosamente a pensar que detrás de todo eso, estuvo alguien –no sé quién–, que utilizó sus influencias palaciegas para planificar, orquestar y poner en marcha, una estrategia capciosa que terminó obteniendo beneficios económicos de la precaria situación que enfrenta la clase artística nacional.
Presumiblemente, el plan maestro consistió, primeramente, en reunir al presidente Abinader, con la clase artística para, luego, forzar un compromiso que complaciera reclamos, solicitudes o sugerencias de los presentes, surgidas en medio del encuentro, aun cuando, quizá, la propuesta principal, pudo haber sido previamente consensuada por parte de los interesados o mejor aún, procedente de la “recomendación” sugerida por alguien, en la dirección de solicitar un auxilio económico del gobierno.
En efecto, el pasado 16 de octubre, del presente año 2020, la prensa nacional, se hizo eco de una información donde más de 60 artistas, destacados en diferentes géneros musicales, se reunieron con el presidente de la república, Luis Abinader, para plantearle las necesidades que atraviesa la industria del entretenimiento; durante un encuentro que estuvo propiciado por el Gabinete de Políticas Sociales que dirige, José Francisco (Tony) Peña Guaba.
Asimismo, se estableció que dicha actividad, contó además con el patrocinio del asesor artístico del poder ejecutivo, Engelbert Landolfi, quien según se informó a la prensa, fue la persona encargada de presentar “una serie de propuestas” al presidente, con las cuales se estaría buscando una solución para reiniciar las presentaciones artísticas, atendiendo a los protocolos sanitarios que son propiciados por el gobierno, en medio de la pandemia del Covid-19.
El cliché que aprovecharía como mampara, la premeditada celada contra el presidente, estuvo motivado en una convocatoria a la prensa, donde se establecía que como parte de las iniciativas que son desarrolladas por la Presidencia de la República, para escuchar reclamos de los sectores sociales que mueven la economía nacional, frente a los estragos provocados por la pandemia del Covid-19, el primer mandatario, sostendría un amplio encuentro con los principales representantes de la música popular dominicana.
En tanto que, una curiosa nota, resaltada por los periódicos, llamó mi atención de manera significativa, cuando en medio de aquel encuentro, Tony Peña Guaba –iluso o cómplice–, se refiere a lo siguiente, cito: “En todas partes del mundo, la industria del entretenimiento, representa no sólo la alegría de los pueblos, sino también la de otros sectores que se benefician, porque detrás de estos artistas, están, sus manejadores, sus chóferes y hasta aquellos que mueven los instrumentos”.
Indudablemente, en ese preciso instante, alguien con marcada influencia estaba utilizando "el escenario artístico" para tender una trampa a la noble intención del mandatario que procuraba sacar hacia adelante la industria del arte, la música y el espectáculo. Empero, aunque inconsciente de la jugada, el presidente Abinader, actuó con cautela y propuso crear una comisión para formalizar las recomendaciones y solo entonces, buscar soluciones que permitan superar los inconvenientes ocasionados por la pandemia.
Luego, para sorpresa de la población, solo dos meses después y sin que se supiera siquiera con certeza, acerca del resultado que arrojó la contrapropuesta del presidente, el Gabinete de Política Social –violentando todos los procedimientos de Ley–, anuncia de manera apresurada que repartirá, bajo la modalidad de contratos a futuro, RD$100 millones de pesos, entre los artistas que estuvieron en el mencionado encuentro con el mandatario.
Es cuando entonces, en medio del escándalo, comienzan a surgir preguntas y conjeturas, alrededor del proceso que sirvió como marco a la selección de los artistas que fueron beneficiados con contratos del gobierno para realizar presentaciones populares, como, por ejemplo: ¿Cuáles procedimientos de ley, se utilizaron para garantizar las condiciones de los acuerdos suscritos entre las partes?, además, ¿Quién o quiénes, fungieron como gestores o promotores de la parte artística?
En ese sentido, la expresión: vox pópuli o voz del pueblo, señala al promotor artístico y asesor del gobierno, Engelbert Landolfi, como responsable directo de haber orquestado un plan, urdido con alevosía para inducir un beneficio en favor de un importante grupo de artistas que trabajan bajo su patrocinio –incluyendo su esposa–, quienes fueron beneficiados directamente con contratos que, posteriormente, fueron rescindidos para convertirse en “regalos solidarios” del gobierno.
Ese simple rumor público, resulta suficiente para motivar una acción inmediata del presidente de la república, Luis Abinader, destituyendo al coordinador del gabinete de políticas públicas, Tony Peña Guaba, así como al asesor artístico del poder ejecutivo, Engelbert Landolfi. En tanto que, debe autorizar a la Dirección General de Ética Gubernamental, para que formalice una solicitud por ante el Ministerio Publico, pidiendo una exhaustiva investigación que determine si hubo o no complicidad, entre esos dos funcionarios, en contra del erario público, amparándose en el tráfico de influencias para cobrar peajes económicos a los protagonistas de la cuestionada transacción realizada.
La sociedad, está convencida de las buenas intenciones que adornan al presente gobierno, sin embargo, no sólo de promesas se alimenta la esperanza de la gente, sino también de hechos, concretos y precisos, que deben poner freno al flagelo de la corrupción. El mandatario, tiene una gran oportunidad, para actuar conforme ameritan las circunstancias. Empero, si no lo hace, porque prefiere que las cosas lleguen hasta ahí, terminará entonces convirtiéndose a sí mismo en un reo de culpas ajenas.
