Siete funcionarios sometidos a la PEPCA por caso de Aeropuerto de Bávaro

78

Santo Domingo,. La Corporación Aeropor­tuaria del Este (CAE) llevó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por posibles visos de co­rrupción a siete funcionarios que dieron la no objeción para facilitar la ejecución de esa obra.

Se trata de los miembros de la Co­misión Aeroportuaria Johann Estrada Pelletier, Francisco Bolívar León Paulino, Julio César Me­jía Alcántara, Félix Alejan­dro Rosa Martínez, Juan Ramón Cabrera Santana, Fredy Antonio Ruiz Lara y Julio César Rodríguez Al­cántara, todos intimados a través de acto de alguacil el pasado lunes 3 de julio, siendo el abogado especial apoderado de este caso el doctor Miguel E. Va­lerio Jiminián y acusados ante la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa por haber aprobado irregular­mente la resolución 6796 sobre no objeción del pro­yecto.

 

Según la denuncia de la Corporación Aeroportuaria del Este, Johann Estrada Pelletier, parte del grupo de los siete en la denuncia depositada en la PEPCA instruyó a Fran­cisco Bolívar León Paulino para que gestionara la apro­bación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación, por lo que está acusado de haberse convertido “en juez y parte del referido proyec­to”.

Asimismo, agrega la denuncia agrega que “Bolívar León Paulino cumplió el mandato de Pelletier y re­mitió el proyecto a los miembros de la Comi­sión de la Dirección de Na­vegación del IDAC, que lo aprobaron “en tiempo récord de tres días”.

La denuncia contra los funcionarios surge nuevamente tras la declaratoria del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) que calificó ese proyecto de “lesivo al interés público”, basándose en que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad”.

Una “acción arbitraria”

La CAE recurrió a la Procuraduría contra la Corrupción con un voluminoso fardo de evidencias de su denuncia a mano, en las que insistía en que al otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo, construcción, operación y explotación del proyecto en Bávaro estos siete funcionarios “podrían haber comprome­tido su responsabilidad pe­nal “al adoptar una decisión arbitraria, a sabiendas de las irregularidades existen­tes…”

Como una muestra de los vicios y negligencias en la autorización del proyecto se ha presentado una detección realizada por la actual dirección del IDAC en la resolución número 017/20, en la que afirma se evidencia “la ausencia de varios estudios esenciales para la autoriza­ción de la obra turística”.

Otro hecho que se ha presentado como una medida que ha contribuido a la prohibición de desarrollo del aeropuerto de Bávaro es que el informe favorable a la aprobación de esta obra fue realizado sobre la base de los documentos aporta­dos por el grupo interesado.

El grupo que llevaba a cabo la construcción del aeropuerto de bávaro había realizado una serie de desmentidos a través de los medios justificando el proceso y la autorización para el desarrollo del proyecto, sus promotores se encontraron con la resolución de la nueva gestión del IDAC que tras estudiar a fondo toda la documentación existente encontró irregularidades tales como “insuficiencia de estudios que garanticen tanto la se­guridad operativa del ae­ropuerto como su confor­midad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales”.

Ha llamado la atención de distintos sectores es que el proyecto aeroportuario en Bávaro terminó de forma rápida con el proce­so aprobatorio y las concesio­nes fiscales aprobadas por el Consejo de Fomento Tu­rístico (CONFOTUR).

También ha llamado la atención el cúmulo de detalles técnicos formulados por geólogos, grupos medioambientales y conservacionistas que advertían de los efectos negativos que sufriría el país de aprobarse una obra carente de condiciones elementales estipuladas en los manuales de requerimientos para estos casos.

Ejemplo de los peligros expuestos por distintos sectores están contenidos en inquietudes públicas expuestas por la Unión de Controladores Aéreos Dominicanos, que había advertido de que el proyecto fue evaluado para su aprobación solo tomando en consideración un informe de los intere­sados, sin haberse hecho un estudio técni­co detallado como lo exigen los estándares de la OACI y la reglamentación nacio­nal.