Abogan por una mayor vinculación entre el sector público y la sociedad civil organizada

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Arquitecto Julio Corral.

Consideran importante que se desarrollen espacios de coordinación entre los ayuntamientos y las organizaciones de la sociedad civil para promover una mayor resiliencia comunitaria.

Santiago. La implementación de políticas públicas desacertadas y la baja inversión de las entidades del gobierno central y de las administraciones locales en cambio climático, género y juventud, junto a la baja incidencia de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Santo Domingo y Santiago han limitado los avances en el establecimiento de una agenda de trabajo común.

El planteamiento fue realizado por los especialistas en temas de resiliencia, perspectiva de género y juventud, Julio Corral y Fátima Lorenzo durante su participación en el seminario en línea Desafíos para la construcción de una sociedad resiliente, organizado por la Fundación Solidaridad en el marco de la presentación de la línea de base del proyecto “Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana: Intervenciones para la incidencia”.

De acuerdo a los datos presentados por Julio Corral, se determinó que el único mecanismo desarrollado por los gobiernos locales del Distrito Nacional y de la provincia Santiago, en el que se ha promovido procesos consultivos con la ciudadanía, está representado por el presupuesto participativo, a través del cual se destinaron apenas 27 millones de pesos durante el periodo 2018-2020 para enfrentar riesgos climáticos. No obstante, no se observaron inversiones en programas para enfrentar desigualdades de género ni para gestar nuevas oportunidades para la juventud.

A nivel institucional se determinó que en diez de once gobiernos locales evaluados no existen unidades de género ni de juventud. Además, en la mayoría de los casos la ciudadanía no identifica ni solicita a las administraciones locales inversiones en género y en juventud, y se evidencia que un porcentaje importante de las organizaciones de la sociedad civil no identifican a los ayuntamientos como interlocutores válidos para discutir o para implementar políticas de género y juventud.

Fátima Lorenzo, coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTEC.

Luego, a partir de los hallazgos identificados, Fátima Lorenzo, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), entidad co-gestora de la actividad, analizó el rol de la iniciativa para romper con la tendencia de subrepresentación de las mujeres en los espacios políticos y de poder, así como en la construcción de propuestas para superar la situación de marginalidad y discriminación que afecta a estos grupos sociales.

En las conclusiones del panel una parte de los asistentes expuso la necesidad de mejorar el ámbito de actuación de las OSC; además se consideró que existen significativos retrocesos, generadas a partir de limitada vinculación de las entidades del gobierno central en las temáticas de cambio climático, género y economía resiliente y de la baja capacidad de gestión de los gobiernos locales de las partidas definidas en el programa salud, educación y género, al cual le corresponde el 4% del presupuesto municipal.

El proyecto “Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana: Intervenciones para la incidencia” busca fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de elaboración e implementación de mejores políticas públicas relacionadas al cambio climático y la administración de sus riesgos, a la igualdad de género y, en menor medida, de la generación de oportunidades para la juventud. El mismo es implementado por un consorcio de organizaciones integrado por Fundación Solidaridad, Fundación Friedrich Ebert (FES), Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) y del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), con el financiamiento de la Unión Europea.