Santo Domingo, 27 de agosto de 2020. Las evidencias de irregularidades y vicios detectados durante el proceso para obtener los permisos y aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro del Grupo ABRISA, la vinculación del representante con un caso de corrupción en España, más el escándalo de las exenciones fiscales aprobadas al vapor, son elementos claves que robustecen las denuncias de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) sobre el caso que llevó ante la PEPCA y cuya licencia ambiental ha solicitado cancelar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La conexión entre todos estos hechos ha sido expuesta y definida en detalles por los apoderados legales de la CAE, siendo el cúmulo de irregularidades y actos cuestionables lo que ha puesto en cuestión el proyecto, resaltándose el incumplimiento de normativas y mandatos de ley.
Uno de las consideraciones más demoledoras sobre la obra fue la conclusión del Ministerio de Hacienda que, tras un análisis costo-beneficio, determinó que el proyecto era financieramente inviable en ausencia de incentivos tributarios del Estado.
El informe, sobre el que se sustentaron los privilegios fiscales pese a que la ley de incentivo turístico solo los acuerda para proyectos económicamente rentables, indica claramente que “la inversión no podría ser realizada sin el otorgamiento de dichos incentivos”.
Hacienda llegó a estas conclusiones en un estudio a requerimientos del Consejo de Fomento Turístico (Confotur), el cual en una reunión celebrada el julio de este año aprobó las exenciones fiscales al nuevo aeropuerto pese a que el expediente estaba incompleto.
Los incentivos tributarios, agregó entonces el ente responsable de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal del país, “representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73 % corresponde al impuesto sobre la renta, el 20.4 % al Impuesto sobre los activos, el 4 % al impuesto a la transferencia inmobiliaria y el 2.6 % al arancel e impuestos a las importaciones”.
“Los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones. Por lo que estos cubren el 5.0 % de los incentivos a otorgar. Es decir, que los beneficios indirectos que aportaría el proyecto, son inferiores al sacrificio fiscal generado por el Estado”, indicó Hacienda.
“En conclusión, los flujos futuros del proyecto indican que los incentivos tributarios son necesarios para que la inversión se lleve a cabo”, anotó, destacando que con los incentivos la rentabilidad del capital solo supera en 0.9 puntos porcentuales la tasa de descuento, por lo cual, de producirse un evento local o internacional “de causa de fuerza mayor, se podría afectar la inversión”.
El decreto de Medina y quejas
La CAE cuestionó desde un principio la resolución del 23 de enero de este año en la que los miembros de la Comisión Aeroportuaria dictaron “irregularmente la resolución 6796 sobre no objeción del proyecto. Posteriormente, Johann Estrada Pelletier, que es parte del organismo en su condición de Coordinador Nacional del USOAP y director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del IDAC, instruyó a Francisco Bolívar León Paulino para que gestionara la aprobación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación de ese ente, “convirtiéndose así en juez y parte del referido proyecto”.
Con motivo de esto, añade, “el señor Francisco Bolívar León Paulino, cumpliendo instrucciones del señor Johann Estrada Pelletier, remitió el indicado proyecto a los miembros de la Comisión de la Dirección de Navegación del IDAC…quienes en tiempo récord, de tan sólo tres días, emitieron el “Informe de Estudio y Opinión Sobre No Objeción desde la Perspectiva de los Servicios de Navegación Aérea para la Construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
En el decreto aprobatorio del proyecto, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de julio, a menos de un mes de que el presidente Danilo Medina concluyera su mandato, se destaca que, mediante la resolución 6796, del 23 de enero de 2020, la Comisión Aeroportuaria otorgó su conformidad y no objeción al desarrollo del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
El mismo día que el presidente Medina emitió ese decreto, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) se quejó ante el Confotur por la manera como se estaba manejando el proyecto, siendo la primera vez que se somete a esta entidad la aprobación de la clasificación de un aeropuerto.
El supervisor de servicios de navegación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en Punta Cana cuestionó por presentar “irregularidades técnicas” el informe de esta entidad que otorgó la no objeción a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Bávaro, a unos 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional Punta Cana, que actualmente ofrece servicios a esa zona turística.
Leonardo sostiene que el anuncio ha creado “ciertos niveles de ansiedad en el personal de control de tránsito aéreo de Punta Cana” y calificó esta iniciativa como “un invento y capricho comercial”, aprobado en tiempo récord.
Un representante nacido en España
Cruz Apestegui Cardenal, un empresario-político español, naturalizado dominicano y ligado a los escándalos de corrupción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Junta de Andalucía (España), es una figura clave en el proyecto que se pretende construir en Bávaro, ya aprobado por el presidente Danilo Medina a pocos días de terminar su mandato.
Apestegui aparece como representante de la empresa promotora del Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuyo accionista principal es Abraham Hazoury, y uno de los dueños del complejo turístico Cap Cana, donde se afirma se financiaron instalaciones hoteleras con dinero proveniente de los fondos desviados de las ayudas de la Junta de Andalucía, a través de la mutua catalana Fortia Vida, de acuerdo a testimonio de imputados en los tribunales españoles.
En la presentación del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Bávaro, llevado ante el Consejo de Fomento Turístico para obtener exenciones impositivas por 15 años, y que le fueron otorgadas, Apestegui figura como representante.
En otra presentación con anterioridad del proyecto ante la Comisión Aeroportuaria, Cruz Apestegui se identifica nueva vez como representante, en esta ocasión al lado de Abraham Hazoury.
En un extenso proceso judicial en España, Apestegui fue señalado por uno de los imputados en el caso, Eduardo Pascual Arxé, expresidente de Eurobank, como principal accionista de Fortia Vida, una mutua catalana utilizada para ocultar fondos desviados de la Junta de Andalucía, sobre todo de un programa llamado Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que significó un hoyo de casi 700 millones de euros.
