TSA aplaza audiencia acción de amparo contra Mitur

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Fuente imagen Google

SANTO DOMINGO. Fue aplazado para el día 8 de noviembre la audiencia de la Acción de Amparo, que en contra del Ministerio de Turismo ha presentado en nombre de sus clientes el Dr. Ángel Lockward a los fines de que dicho Ministerio haga entrega de las estadísticas y contratos e Tiempo Compartido que autoriza a los operadores y debían ser registrados en el Registro de Títulos como gravámenes que representa derechos reales.

Lockward informó que la audiencia fue aplazada a solicitud de Lifestyle, sociedad que junto a sus asociadas ha vendido unos 50 mil contratos en todo el mundo, incluyendo unos 2,000 a dominicanos, en los cuales ha retenido sumas que oscilan entre los USD$ 2,400 y los USD$ 2,800 dolares como impuestos para el Estado y, de los cuales, que según la denuncia, no han sido entregados a la DGII.

Varias de las sociedades, la matriz de las cuales es TISHA INVESTMENTS LTD de Isla Vírgenes, operan sin Registro Mercantil y sin Registro Nacional del Contribuyente, por lo que son fuentes de evasión.

Lockward mostró el Oficio No. 9883 del 6 de septiembre del 1999, Acto Administrativo mediante el cual el Secretario de Estado, Falucho Jiménez, autorizó el proyecto Cofresi, en donde opera Lifestyle, consignado el área verde, que según la denuncia, ha sido utilizado por el señor Markus Wischebart para la construcción de su villa valorada en USD $2.5 millones de dólares, en el área verde.

¿Cómo puede perderse una sentencia en un tribunal, una Ley en la Consultoría Jurídica, un certificado de títulos en el Registro de Títulos o un Oficio Resolutivo que autorizó un proyecto de miles de millones, en un Ministerio? Se preguntó.

Indicó que la Arq. Nilda Sandoval solicito copia de dicho oficio y de los planos aprobados y, que conforme a la respuesta escrita del Ministerio de Turismo, eso Oficio y los planos, no están en Turismo.

Expresó que este es un medio para legalizar la ocupación de un área verde y la construcción de una villa cuyos planos no han sido autorizados por el cabildo de Puerto Plata, ni por Turismo, Obras Públicas o Medio Ambiente, en violación a la Ley.

Es un escándalo que conmocionaría cualquier país del mundo, menos este, en donde parece que algunos funcionarios se confabulan con pitaras financieros para concederles licencia de corzo para el engaño concluyó.

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